Los Ángeles, ciudad santuario y bastión migrante de Estados Unidos, vive días de tensión creciente tras el inicio de redadas masivas ordenadas por el presidente Donald Trump. Las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), combinadas con una fuerte respuesta federal, han desatado protestas violentas, una fuerte polarización social y un creciente rechazo local.
Durante el fin de semana, la administración Trump desplegó 700 infantes de marina y 4.000 efectivos de la Guardia Nacional en la ciudad para contener los disturbios, una medida que generó duras críticas del gobernador de California, Gavin Newsom. “Es una fantasía desquiciada de un presidente dictatorial”, escribió el mandatario estatal en X.
El epicentro de la tensión: una ciudad con una alta población migrante, gobernada por demócratas y con leyes que limitan la cooperación con las autoridades federales migratorias. En ese contexto, el despliegue federal fue interpretado por muchos como un mensaje político, además de una respuesta operativa.
Récord de detenciones y reorganización en el ICE
El ICE intensificó sus acciones, con un récord de 2.200 arrestos en un solo día, según NBC News. De los detenidos, muchos estaban inscritos en el programa “Alternativas a la Detención”, reservado para personas sin antecedentes penales graves.
Stephen Miller, principal asesor de políticas migratorias de Trump, declaró que la meta es alcanzar los 3.000 arrestos diarios, muy por encima del promedio durante los primeros 100 días de esta presidencia. En comparación, las cifras actuales apenas igualan los niveles de deportación del último año de la administración Biden.
En medio de esta campaña, la agencia migratoria enfrenta turbulencias internas: varios altos funcionarios han renunciado o han sido trasladados, incluyendo el director interino del ICE. La agencia asegura que estas reestructuraciones buscan cumplir con el “mandato del presidente Trump y del pueblo estadounidense”.
Protestas, militarización y fractura social
Las imágenes de soldados en las calles, vehículos en llamas y enfrentamientos con manifestantes han sacudido a la opinión pública. La concejal de Los Ángeles, Ysabel Jurado, calificó las redadas como “violencia estatal diseñada para silenciar, intimidar y desaparecer”. Durante una intervención, denunció la separación de familias y la detención de inmigrantes no violentos.
Sin embargo, no todos los residentes se oponen a las acciones. Juan, un ciudadano naturalizado que llegó ilegalmente al país, expresó su respaldo al ICE: “Un delito es un delito”, dijo. “Tengo familia sin papeles, pero no puedes luchar si estás aquí y no deberías estar”.
Por otro lado, María Gutiérrez, una manifestante mexicana-estadounidense, defendió las protestas. “Esta es nuestra ciudad. Sabemos cómo protegernos y esto no nos va a asustar”, afirmó. En Paramount y Compton, suburbios con alta población latina, se registraron saqueos, incendios y represión con gases lacrimógenos.
Choque de visiones y un país dividido
Aunque las políticas migratorias de Trump cuentan con respaldo en sectores conservadores, incluso aliados como la senadora estatal republicana Ileana García han criticado las tácticas utilizadas. “Esto no es por lo que votamos”, dijo.
El gobierno federal ha señalado que los operativos apuntan a individuos con antecedentes penales, incluyendo condenas por delitos sexuales, robo y drogas. No obstante, organizaciones locales denuncian detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza.
Para el presidente Trump, la violencia callejera funciona como catalizador político: exhibe mano dura, refuerza su narrativa de “ley y orden” y moviliza a su base. Pero para líderes locales, la crisis ha evidenciado una fractura profunda entre los objetivos federales y las realidades humanas de ciudades como Los Ángeles.
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