El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobernador de California, Gavin Newsom, protagonizan una confrontación sin precedentes a raíz del despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles, ordenado por la Casa Blanca en respuesta a las intensas protestas contra las redadas migratorias del ICE.
La intervención militar, ejecutada sin el consentimiento del gobierno estatal, ha sido calificada por Newsom como “ilegal” y “provocadora”, desatando una batalla legal y política entre el ejecutivo federal y el estado de California. El mandatario estatal presentó una demanda contra la administración Trump, argumentando que la medida viola la Décima Enmienda de la Constitución y sienta un peligroso precedente de intervención federal.
Trump, por su parte, defendió su decisión invocando el Título 10 del Código de EE.UU., que le otorga autoridad para federalizar tropas en circunstancias excepcionales. Sin embargo, el mandatario no apeló a la Ley de Insurrección, lo que ha generado cuestionamientos sobre la legalidad del despliegue.
La fricción alcanzó un nuevo nivel cuando Trump sugirió que Newsom debería ser arrestado por obstrucción, a lo que el gobernador respondió de forma desafiante: “Arréstame. Terminemos con esto, tipo duro”.
Mientras tanto, unos 2.000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines han sido movilizados en puntos clave de Los Ángeles, generando preocupación entre autoridades locales, juristas y defensores de derechos civiles. Aunque oficialmente su rol es brindar apoyo logístico a fuerzas federales, expertos advierten sobre el riesgo de que su presencia escale el conflicto.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también criticó duramente la acción federal, calificando las redadas migratorias como “una receta para el caos completamente innecesaria”.
Esta confrontación no solo expone una disputa sobre competencias constitucionales, sino que también pone de manifiesto el choque entre dos visiones antagónicas sobre inmigración, seguridad y autoridad federal. Para Newsom, la intervención representa un uso desmedido del poder presidencial; para Trump, una demostración de fuerza necesaria para restaurar el orden.
La situación continúa evolucionando con una tensión política sin precedentes en uno de los estados más influyentes del país.
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