Horas después, las autoridades confirmaron que el principal sospechoso del ataque era un adolescente de 15 años, capturado en el lugar de los hechos con una pistola Glock de 9 milímetros, proveniente de Estados Unidos. El presidente Gustavo Petro confirmó la información y reveló que el menor ya había abandonado un programa estatal de educación para la paz.
Según el diario El Tiempo, el joven aseguró que actuó por orden de un narcotraficante conocido como “el hombre de la olla”, relacionado con una zona de expendio de droga en Bogotá. Las autoridades ahora centran sus esfuerzos en identificar a los autores intelectuales del ataque, que encarna una práctica tristemente conocida en el país: el reclutamiento de menores por parte de grupos armados y bandas criminales.
De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, en lo que va de 2024, al menos 409 menores han sido reclutados, un incremento frente a los 342 casos del año anterior. Sin embargo, expertos advierten que las cifras reales podrían ser significativamente mayores.
El reclutamiento infantil tiene una larga y dolorosa historia en Colombia. Guerrillas, paramilitares, carteles y actores estatales han utilizado a menores de edad como instrumentos de guerra, ejecutores de crímenes, informantes o sicarios. Uno de los casos más representativos fue el de John Jairo Arias Tascón, alias “Pinina”, uno de los principales sicarios de Pablo Escobar, que inició su carrera criminal a los 15 años.
También se recuerda el asesinato del candidato presidencial Bernardo Jaramillo Ossa en 1990, perpetrado por un joven de 14 años en el aeropuerto de Bogotá, y el crimen de Carlos Pizarro Leongómez, atribuido a otro menor entrenado por fuerzas paramilitares y, presuntamente, con apoyo de agentes estatales corruptos.
La raíz del problema, señalan los expertos, está en la profunda vulnerabilidad de los menores en Colombia. Muchos provienen de zonas empobrecidas, rurales o marginales, sin presencia estatal ni oportunidades, lo que los convierte en blanco fácil para el reclutamiento forzoso o voluntario, impulsado por la necesidad, la amenaza o la ilusión de ascenso económico.
En el ámbito urbano, los menores suelen involucrarse en actividades como sicariato, venta de drogas, extorsión y transporte de armas. En el entorno rural, a menudo son incorporados por la fuerza a grupos armados ilegales. Su juventud y maleabilidad los convierten en piezas funcionales dentro de estas estructuras criminales.
La Jurisdicción Especial para la Paz estima que más de 18.000 menores fueron reclutados por las FARC entre 1996 y 2016. Pero el conflicto armado persiste con otros actores, como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, lo que impide frenar el fenómeno.
Las cifras son alarmantes. Solo en 2024, 1.953 menores han sido reportados como desaparecidos, y más de la mitad no han sido encontrados. Se teme que muchos de ellos hayan sido reclutados. Cauca, Putumayo y Valle del Cauca figuran entre las regiones más afectadas, con presencia activa de grupos como el Estado Mayor Central, principal disidencia de las FARC.
Aún más preocupante es la sofisticación de los métodos de reclutamiento. En junio de este año, la BBC denunció el uso de redes sociales como TikTok por parte de grupos armados para atraer a menores en zonas remotas del país.
El atentado contra Uribe Turbay ha puesto una vez más en evidencia una de las heridas más abiertas del conflicto colombiano: la utilización de la infancia como arma de guerra. A pesar de los esfuerzos por erradicar esta práctica, la violencia sigue cobrando víctimas entre los más vulnerables.
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