WASHINGTON La Corte Suprema de Estados Unidos levantó este lunes las limitaciones impuestas a los agentes federales de inmigración en Los Ángeles, otorgando una nueva victoria a la administración del expresidente Donald Trump y permitiendo que continúen, al menos por ahora, los operativos masivos de control migratorio.
En una votación de 6 a 3, la mayoría conservadora anuló la orden de un tribunal inferior que prohibía al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detener personas únicamente por motivos de raza, idioma, ocupación o lugar de residencia. El fallo abre la puerta a que los agentes reanuden patrullajes móviles en la zona de Los Ángeles, medida que defensores de los inmigrantes califican de abusiva y discriminatoria.
El juez Brett Kavanaugh, en una opinión concurrente, sostuvo que el tribunal de distrito había “excedido sus límites” al restringir a ICE, y advirtió que ese tipo de supervisión judicial “enfriaría los esfuerzos legítimos de aplicación migratoria”. La mayoría no emitió una explicación detallada, como suele ocurrir en apelaciones de emergencia.
Disenso alerta sobre libertades constitucionales
La jueza Sonia Sotomayor, junto a las otras dos magistradas liberales, emitió un fuerte disenso acusando a la mayoría de socavar derechos fundamentales. “Incontables personas en Los Ángeles han sido detenidas, arrojadas al suelo y esposadas simplemente por su apariencia, su acento o su trabajo”, escribió. “Hoy, la Corte expone a muchos más a esas mismas indignidades.”
Aunque Kavanaugh reconoció que las detenciones con uso excesivo de fuerza podrían aún enfrentar desafíos legales, la decisión marca un giro significativo a favor de tácticas federales de aplicación más agresivas.
Aumentan los operativos en Los Ángeles
El Departamento de Seguridad Nacional informó que, desde el 6 de junio, se han realizado 5,210 arrestos en la región angelina y prometió continuar con los operativos. Funcionarios elogiaron a Gregory Bovino, comandante al frente de las operaciones, destacando su labor para “sacar lo peor de lo peor de Los Ángeles”.
Los recientes operativos han generado controversia, incluido uno en el que agentes de ICE descendieron desde un camión de carga alquilado para arrestar trabajadores afuera de una tienda Home Depot. Organizaciones defensoras denuncian que estas tácticas equivalen a una persecución masiva de residentes latinos, entre ellos ciudadanos estadounidenses.
Ciudadanos entre los detenidos
La demanda que dio origen a las restricciones iniciales fue presentada por grupos defensores y varios individuos, incluidos dos ciudadanos estadounidenses. Uno de los demandantes, Brian Gavidia, residente de Los Ángeles, apareció en un video viral siendo presionado contra una reja por agentes federales mientras gritaba: “¡Yo nací aquí, en Estados Unidos! ¡East LA, bro!”. Fue liberado tras mostrar su identificación.
Otro demandante, Pedro Vásquez Perdomo, denunció que los agentes nunca le mostraron una orden ni explicaron el motivo de su detención. “Me trataron como si no importara: encerrado, con frío, hambre y sin abogado. ¿Ahora la Corte Suprema dice que eso está bien? Eso no es justicia. Eso es racismo con placa”, afirmó.
California rechaza la decisión
Las autoridades de California criticaron duramente el fallo. El gobernador Gavin Newsom advirtió que otorgará a los agentes un amplio margen “para dañar deliberadamente a las familias y pequeños negocios de California, incluidos ciudadanos estadounidenses.”
El fiscal general Rob Bonta señaló la contradicción del tribunal: “Prohíben usar la raza en las admisiones universitarias, pero permiten su uso en detenciones migratorias.”
Por su parte, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, aseguró que la ciudad no destinará recursos municipales a la aplicación de leyes federales de inmigración. “Esto no es solo un ataque contra Los Ángeles. Es un ataque contra cada ciudad y contra cada persona de este país”, declaró.
La batalla legal, sin embargo, está lejos de concluir. La demanda —que acusa a ICE de haber dirigido sus acciones de manera sistemática contra residentes latinos, en violación de protecciones constitucionales— continuará en tribunales federales de California, con una audiencia programada para el 24 de septiembre.
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