La reciente ofensiva militar autorizada por el expresidente Donald Trump contra instalaciones en territorio iraní ha reavivado el debate sobre los límites del poder ejecutivo en materia de defensa y política exterior. La legalidad de la acción ha sido cuestionada no solo por legisladores demócratas, sino también por miembros del propio Partido Republicano.
El congresista Thomas Massie calificó los ataques como inconstitucionales, mientras que su colega Warren Davidson expresó dudas sobre la base legal, afirmando que “es difícil concebir un razonamiento que sea constitucional”. No obstante, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, defendió la decisión, argumentando que se actuó ante una amenaza inminente, lo cual justificaría la rapidez de la respuesta sin pasar por el Congreso. También aludió a precedentes similares de otros mandatarios estadounidenses.
El marco constitucional: Artículos I y II
La Constitución de Estados Unidos establece dos fundamentos relevantes para este tipo de acciones. El Artículo I asigna al Congreso la potestad de declarar la guerra. Por su parte, el Artículo II otorga al presidente el rol de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, una cláusula que históricamente ha sido invocada para justificar operaciones militares sin aprobación legislativa previa.
Expertos en derecho constitucional sostienen que el presidente puede, bajo ciertas condiciones, ordenar el uso de la fuerza sin autorización del Congreso, especialmente en casos de ataques anticipados o amenazas graves a intereses estratégicos, como la proliferación nuclear, que fue el argumento esgrimido por la administración Trump.
Claire Finkelstein, profesora de derecho en la Universidad de Pensilvania, afirmó que Trump sí contaba con autoridad para ordenar la ofensiva: “Existe una práctica de larga data en la que los presidentes se involucran en acciones militares puntuales sin el respaldo del Congreso”.
Jessica Levinson, especialista en derecho constitucional de Loyola Marymount University, coincidió en que hay cierto margen de maniobra para el presidente, siempre que la operación no escale a un conflicto prolongado o generalizado.
Por el contrario, Andrew Rudalevige, profesor de Gobierno en Bowdoin College, expresó reservas, argumentando que no existía un ataque inmediato que justificara la respuesta militar, y que por tanto la acción excedía los límites constitucionales.
Uso del poder militar sin declaración de guerra
A pesar de que el Congreso conserva la autoridad formal para declarar la guerra, esta facultad ha sido ejercida en contadas ocasiones. La última vez fue en 1942, tras el ataque a Pearl Harbor. Desde entonces, los presidentes han utilizado cada vez con mayor frecuencia su autoridad ejecutiva para lanzar operaciones militares de forma unilateral.
John Bellinger, exasesor legal de la Casa Blanca durante el mandato de George W. Bush, señaló: “En las últimas décadas, el Congreso ha tolerado el uso de la fuerza por parte del presidente sin autorización previa, para una amplia variedad de fines”.
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