A su lado, una sandalia cubierta de polvo y el silencio del desierto son las únicas señales de lo que las autoridades estadounidenses describen como una “crisis” y una “invasión” en la frontera sur.
En el sector de El Paso —uno de los más activos en toda la franja de 3.100 km de frontera— el número de detenciones ha disminuido drásticamente: de 2.500 al día en años recientes, hoy se contabilizan apenas 67. En abril, se registraron 8.000 detenciones a lo largo de toda la frontera, frente a las 128.000 del mismo mes en el año anterior, según datos oficiales. A pesar de esta notable caída, el gobierno de Donald Trump ha intensificado un proceso sin precedentes de militarización de la frontera.
A pocos kilómetros del Monte Cristo Rey, vehículos de combate Stryker —usados en conflictos como Irak y Afganistán— han sido desplegados junto al muro, dentro de dos nuevas Áreas de Defensa Nacional establecidas por la administración en abril y mayo. Se estima que ya hay más de 8.000 soldados desplegados, respaldados por más de 100 Strykers, aviones, drones espía y dos buques de la Armada.
En esta nueva zona militarizada se han instalado unos 1.700 letreros bilingües advirtiendo del riesgo de detención. Aquellos que ingresan son considerados intrusos y pueden ser retenidos temporalmente por soldados hasta que lleguen los agentes de la Patrulla Fronteriza, en cumplimiento con la ley que prohíbe a las fuerzas armadas federales ejercer funciones policiales internas.
Trump ha otorgado al Ejército un papel más directo en la vigilancia fronteriza, mediante un memorándum firmado el 11 de abril, que transfiere al Departamento de Defensa el control de terrenos federales previamente administrados por el Departamento del Interior. Esta decisión permitió crear las mencionadas Áreas de Defensa Nacional: una en Nuevo México, ahora vinculada a la base militar de Fort Huachuca, y otra en Texas, integrada a Fort Bliss.
Según la Casa Blanca, esta medida busca fortalecer la detección y captura de migrantes ilegales, organizaciones criminales y traficantes de drogas, así como mejorar la defensa contra el fentanilo y otras sustancias peligrosas.
El general de brigada Jeremy Winters, comandante adjunto de la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur, asegura que la contención alcanza el 95%, pero subraya que "95% no es 100%". La presencia militar incluye helicópteros Black Hawk, Chinook y Lakota, así como sistemas de inteligencia avanzados, inaccesibles para la Patrulla Fronteriza.
Desde el lado legal, expertos señalan que el gobierno estaría utilizando la llamada "doctrina del propósito militar" para justificar la presencia de tropas en áreas consideradas ahora como instalaciones militares, evitando así la controversia de activar la Ley de Insurrección de 1807.
Sin embargo, las consecuencias judiciales ya han comenzado a surgir. Migrantes detenidos en estas zonas han sido acusados no solo de ingresar ilegalmente al país, sino también de violar deliberadamente las regulaciones de las áreas restringidas, un delito que puede conllevar hasta un año de prisión y multas de hasta 100.000 dólares.
Aun así, el juez Gregory B. Wormuth desestimó los cargos contra 98 acusados, al considerar que el gobierno no probó que los migrantes sabían que ingresaban a una zona militar. Según defensores públicos, algunos cruzaron antes de la colocación de los letreros o no los vieron.
Mientras tanto, el Pentágono reconoce que el costo de esta operación ya supera los 500 millones de dólares. Y el presidente Trump ha llegado incluso a sugerir operaciones transfronterizas en México para combatir a los carteles, una idea rechazada firmemente por la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Esta no es una misión de entrenamiento. Es una operación real para sellar y proteger nuestra frontera, nuestro país y a las familias estadounidenses”, afirma el general Winters. Para los mandos militares, esta militarización no solo tiene sentido estratégico, sino que continuará expandiéndose con el respaldo del actual liderazgo del Departamento de Defensa.
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