El gobierno de Donald Trump anunció este jueves una serie de medidas para despojar a la Universidad de Harvard de su capacidad para inscribir estudiantes internacionales, intensificando el enfrentamiento con la universidad más antigua de Estados Unidos.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, publicó en X que el gobierno ha revocado la "certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP)" de Harvard, alegando que la institución incurrió en una "violación de la ley".
"Que esto sirva como advertencia para todas las universidades e instituciones académicas del país", escribió Noem.
Harvard respondió con un comunicado en el que calificó la decisión como "ilegal".
"Estamos plenamente comprometidos a mantener la capacidad de Harvard para acoger a nuestros estudiantes y académicos internacionales, que provienen de más de 140 países y enriquecen enormemente a la Universidad y a esta nación", afirmó la institución.
"Estamos trabajando rápidamente para brindar orientación y apoyo a los miembros de nuestra comunidad. Esta acción de represalia amenaza con causar un daño grave a la comunidad de Harvard y a nuestro país, y socava la misión académica y de investigación de Harvard", añadió.
La decisión del gobierno podría afectar a miles de estudiantes internacionales actualmente matriculados en Harvard.
Según datos de la universidad, casi 7.000 estudiantes internacionales estuvieron inscritos durante el último año académico, lo que representa el 27,2 % del alumnado.
El choque entre Trump y Harvard
La Casa Blanca ha exigido a Harvard implementar cambios en sus prácticas de contratación, admisión y enseñanza, con el fin de combatir el antisemitismo en el campus.
Harvard ha declarado anteriormente que ha adoptado múltiples medidas para abordar el antisemitismo y ha argumentado que las exigencias del gobierno representan un intento de regular las "condiciones intelectuales" de la universidad.
El gobierno ha amenazado con revocar la exención de impuestos de la que goza la universidad y con congelar miles de millones de dólares en subvenciones federales.
En abril, Noem advirtió que Harvard perdería el acceso a los programas de visas estudiantiles si no cumplía con la exigencia del Ejecutivo de tener un amplio acceso a los registros de sus estudiantes internacionales.
En la carta enviada el jueves, la secretaria indicó que Harvard debe cumplir con una lista de condiciones para tener una “oportunidad” de recuperar su capacidad para inscribir estudiantes extranjeros.
Entre los requisitos se incluye entregar todos los registros disciplinarios de estudiantes no residentes matriculados en los últimos cinco años.
Noem también exigió que Harvard entregara registros electrónicos, videos o audios de cualquier actividad “ilegal”, “peligrosa” o “violenta” cometida por estudiantes no residentes en el campus.
El aviso dio a Harvard un plazo de 72 horas para cumplir con la solicitud del Departamento de Seguridad Nacional.
La administración Trump ha intentado reducir drásticamente el acceso a visas para estudiantes internacionales, lo que ha generado caos y confusión en los campus universitarios de todo Estados Unidos y ha dado lugar a una ola de demandas judiciales.
En algunos casos, las revocaciones de visa parecieron dirigirse a estudiantes extranjeros que participaron en protestas políticas o que tenían antecedentes penales menores, como infracciones de tráfico.
La resistencia de Harvard
Harvard no solo es la universidad más prestigiosa de Estados Unidos, sino también la institución académica más rica del país —y del mundo—.
La universidad gestiona un fondo patrimonial de 53.000 millones de dólares, superior al producto interno bruto de más de 120 países, incluidos Islandia, Bolivia, Honduras y Paraguay.
Gracias a donaciones millonarias, inversiones exitosas y una rigurosa gestión financiera, Harvard se ha convertido en una institución con recursos excepcionales.
Su fortaleza financiera le otorga un poder considerable para resistir presiones políticas y económicas que harían tambalear a otras universidades.
El presidente de Harvard, Alan M. Garber, ha sido la cara visible del pulso entre la universidad y Trump. El pasado 14 de abril, anunció que la institución se había negado a cumplir con las exigencias del gobierno, lo que le valió aplausos dentro del entorno del Partido Demócrata.
El gobierno respondió entonces con la eliminación de beneficios fiscales y, finalmente, con la amenaza —ahora ejecutada— de impedir que la universidad inscriba a estudiantes internacionales.
La medida más reciente de Noem se origina en una investigación iniciada por el Departamento de Seguridad Nacional el 16 de abril, luego de acusar a Harvard, mediante una carta, de haber generado “un ambiente educativo hostil para los estudiantes judíos”.
La solicitud de información del gobierno sobre todos los extranjeros con visa estudiantil despertó preocupación entre los abogados de la universidad, quienes temían que se les obligara a compartir datos personales más allá de lo permitido por la ley, según informó The New York Times.
Harvard expresó esa preocupación al gobierno el pasado 30 de abril.
Ese mismo día, la vicepresidenta ejecutiva de la universidad, Meredith Weenick, publicó una carta pública en la que aseguró que solo se facilitaría la información "requerida por la ley" y exhortó a los estudiantes a "mantenerse tan concentrados como sea posible en sus objetivos académicos".
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