El caso de Kilmar Abrego Garcia ha puesto al gobierno de Trump en una posición delicada, enfrentando críticas por su uso del privilegio de "secretos de estado" para evitar cumplir con una orden judicial que exige su regreso a Estados Unidos.
Abrego Garcia, un trabajador de la construcción de Maryland, fue deportado a El Salvador en marzo, a pesar de una orden judicial de 2019 que lo protegía de la deportación debido a la amenaza de persecución por parte de una pandilla local. La deportación violó esta orden, lo que llevó a su esposa estadounidense a demandar al gobierno, resultando en una orden de la jueza Paula Xinis para su retorno el 4 de abril.
Sin embargo, los abogados del Departamento de Justicia argumentaron el viernes que revelar detalles sobre los esfuerzos para traerlo de vuelta podría comprometer la seguridad nacional, utilizando el privilegio de "secretos de estado". Esta doctrina es generalmente reservada para casos relacionados con operaciones militares y de inteligencia.
La jueza Xinis, sin embargo, cuestionó esta posición, señalando que el gobierno no ha proporcionado pruebas suficientes para justificar esta protección. "Esto es básicamente 'confíen en mi palabra'", dijo Xinis, sugiriendo que el gobierno está ocultando su falta de acción tras una cortina de secreto.
Los abogados de Abrego Garcia, por su parte, argumentaron que esta estrategia es simplemente una táctica para retrasar el proceso y evitar cumplir con la orden de retorno. Andrew Rossman, uno de sus abogados, afirmó que "simplemente decir 'seguridad nacional' no es suficiente" para eludir una orden judicial.
El caso sigue siendo una prueba crítica para los límites del poder ejecutivo en asuntos de inmigración y el equilibrio entre seguridad nacional y derechos civiles.
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