La Corte Suprema de Estados Unidos decidió, con una votación de 7 a 2, mantener la suspensión de las deportaciones de ciudadanos venezolanos detenidos en Texas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, invocada por el presidente Donald Trump. Esta decisión permite que los tribunales inferiores continúen evaluando la legalidad del uso de esta ley para expulsar migrantes, otorgándoles más tiempo y garantías legales para impugnar sus casos.
Los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas votaron en contra, argumentando que el tribunal no debía intervenir en esta etapa, mientras que Brett Kavanaugh, aunque apoyó la suspensión, criticó que no se abordara de inmediato el fondo del asunto.
Uso Controversial de una Ley Histórica
Trump ha utilizado esta ley, que otorga al presidente el poder de ordenar la detención y deportación de ciudadanos de naciones consideradas "enemigas", para deportar a venezolanos que, según su administración, están asociados con la banda Tren de Aragua (TdA), acusada de "perpetrar, intentar y amenazar con incursiones predatorias" en territorio estadounidense.
Históricamente, esta ley solo se había invocado en tiempos de guerra, la última vez durante la Segunda Guerra Mundial para internar a ciudadanos japoneses sin juicio, un capítulo oscuro en la historia de los derechos civiles en Estados Unidos.
Impacto en los Migrantes y Críticas a la Administración
Según datos del gobierno, hasta el 8 de abril, 261 venezolanos habían sido deportados a El Salvador, incluyendo 137 bajo esta ley. Algunos de estos migrantes fueron enviados al Cecot, una prisión de máxima seguridad, sin derecho a apelar.
La ACLU, que representa a varios de estos migrantes, ha denunciado que esta política equivale a "una sentencia de por vida sin juicio", criticando las deportaciones como violaciones claras al debido proceso.
El Caso de Kilmar Ábrego García
Uno de los casos más controversiales es el de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño deportado "por error" a El Salvador. Aunque el Departamento de Justicia inicialmente admitió que se trató de un error administrativo, luego intentó vincularlo a la banda MS-13 para justificar su expulsión.
La Corte Suprema concluyó que su deportación violó su derecho al debido proceso y ordenó al gobierno facilitar su regreso, una orden que la administración de Trump ha ignorado hasta ahora, intensificando el enfrentamiento legal.
Desafíos Legales y Preocupaciones por el Poder Presidencial
El uso de esta ley de más de dos siglos en un contexto migratorio moderno plantea serias preguntas sobre los límites del poder presidencial y los derechos de los migrantes, marcando una nueva etapa en el complejo debate sobre inmigración en Estados Unidos.
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