Florida refuerza control a la inmigración ilegal, condados se unen a autoridades federales

Florida refuerza control a la inmigración ilegal, condados se unen a autoridades federales

 

MIAMI.- La Asociación de Sheriffs de Florida anunció que los 67 condados del estado firmaron acuerdos con autoridades federales para apoyar las tareas de regulación migratoria impulsadas por la Casa Blanca.

El paso dado permite a las fuerzas del orden locales identificar y retener a inmigrantes indocumentados que hayan cometido delitos o cuenten con órdenes de deportación.

La medida se complementa con la ley estatal SB 4-C, aprobada en una sesión especial del Congreso floridano realizada en semanas recientes, que tipifica como delito el ingreso o intento de ingreso de personas sin autorización y establece penas de prisión obligatorias de nueve meses.

Los legisladores de Florida también acordaron la creación de la Junta Estatal de Control de Inmigración, integrada por el gobernador Ron DeSantis y altos funcionarios estatales, lo que refuerza la coordinación en la implementación de estas políticas migratorias.

Postura de DeSantis

El gobernador DeSantis ha promovido activamente el programa 287(g) como parte central de su estrategia para combatir la inmigración ilegal en el estado.

Con el fin de fortalecer el plan, DeSantis firmó acuerdos para que agencias estatales como el Departamento de Cumplimiento de la Ley, la Guardia Estatal y la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre se integren al esquema.

Estos acuerdos permiten a los citados organismos detener e interrogar a personas sospechosas de estar ilegalmente en Estados Unidos, ejecutar órdenes de deportación y transferir detenidos directamente a ICE, además de capacitar a agentes locales para realizar funciones migratorias federales como la toma de huellas y declaraciones.

En declaraciones recientes, DeSantis enfatizó que "Florida lidera el camino en la lucha contra la inmigración ilegal; estamos restaurando el Estado de derecho con la administración Trump".

A juicio del gobernador, esta medida acelera las deportaciones al evitar retrasos burocráticos y protege a las comunidades, además de combatir a criminales extranjeros al vincular la acción a la expulsión de personas con antecedentes penales.

Asimismo, criticó la inacción del programa durante el gobierno de Biden y destacó su reactivación con la administración Trump, tras afirmar que el 287(g) es esencial para cumplir el mandato de expulsar inmigrantes ilegales.

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