Debido a su edad (72 años), Kirchner podrá cumplir la pena en modalidad domiciliaria. La acusación sostiene que, durante sus dos mandatos entre 2007 y 2015, adjudicó millonarias obras viales a un socio cercano y supuesto testaferro.
El máximo tribunal rechazó el recurso de queja presentado por su defensa y también denegó el pedido de la Fiscalía de aumentar la pena a 12 años e incluir el cargo de asociación ilícita. La justicia le otorgó cinco días hábiles para presentarse ante los tribunales y ser detenida.
La expresidenta, quien fue también vicepresidenta durante el mandato de Alberto Fernández (2019–2023), había anunciado recientemente su intención de postularse como diputada en las elecciones legislativas de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la ratificación de su condena por parte de la Corte le impide competir en futuros comicios.
Cristina Kirchner, figura profundamente polarizante en la política argentina, lidera actualmente el Partido Justicialista (PJ), principal fuerza opositora al gobierno del presidente libertario Javier Milei. Recibió la noticia en la sede del PJ, rodeada de legisladores y dirigentes, mientras simpatizantes peronistas bloqueaban los accesos principales a la ciudad de Buenos Aires.
La exmandataria rechaza los cargos, asegurando que es víctima de una persecución política, mediática y judicial —lawfare— organizada por sus adversarios. Se ha comparado con Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil, y Rafael Correa, en Ecuador, quienes también enfrentaron condenas judiciales por corrupción (aunque Lula fue posteriormente absuelto y regresó a la presidencia; Correa permanece prófugo).
Tras conocerse el fallo, Kirchner se dirigió a sus seguidores desde la sede del PJ, denunciando que el “Partido Judicial” le impuso un “cepo al voto popular”. Recordó su declaración inicial en el juicio, en 2019, cuando aseguró que “la sentencia ya estaba escrita”.
Afirmó que “el poder económico concentrado” busca excluirla de la escena política ante la eventual caída del actual gobierno, con el objetivo de evitar que “el campo nacional y popular pueda reorganizarse”.
Desde Israel, el presidente Javier Milei reaccionó brevemente en redes sociales con el mensaje: “Justicia. Fin”. Añadió además una crítica a los medios y periodistas, acusándolos de encubrir a políticos corruptos y de fabricar “operetas” sobre supuestos pactos de impunidad.
La causa Vialidad: origen de la condena
La condena se basa en la denominada "causa Vialidad", que investigó el direccionamiento de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, bastión del kirchnerismo. Según la acusación, antes de asumir la presidencia en 2003, los Kirchner fundaron Austral Construcciones, empresa que luego fue beneficiada con el 79% de las licitaciones de obra vial en la provincia. De las 51 obras adjudicadas, solo dos se terminaron a tiempo y la mitad nunca se completaron.
La Fiscalía estimó un perjuicio al Estado superior a los 1.000 millones de dólares por sobreprecios y cartelización de contratos. Al frente de la empresa estaba Lázaro Báez, exgerente bancario y amigo cercano de la familia, considerado testaferro, quien también fue condenado junto a otros siete exfuncionarios, entre ellos José López, famoso por arrojar bolsos con dinero en un convento en 2016.
La defensa de Kirchner y su postura política
La defensa de la expresidenta alegó que no existen pruebas directas que la vinculen personalmente con la asignación de contratos, señalando que existían múltiples niveles administrativos entre la Presidencia y la ejecución de obras. Kirchner remarcó que la ley de presupuesto —que incluía dichas obras— fue aprobada por el Congreso, incluso con votos de la oposición.
A su vez, cuestionó la autoridad de la justicia para juzgar cómo un gobierno decide invertir en infraestructura pública, y apuntó contra el entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández, como responsable de la ejecución presupuestaria.
En noviembre de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena y ahora, con la validación de la Corte Suprema, la sentencia queda firme: Cristina Kirchner deberá cumplir prisión domiciliaria y queda excluida de forma permanente de la función pública.
"Me quieren presa o muerta"
Durante un acto reciente, anticipando el fallo de la Corte, Kirchner denunció nuevamente ser víctima de persecución. “Me quieren presa o muerta, pero lo que nunca van a poder evitar es que vuelva el pueblo”, expresó.
Recordó también el atentado fallido en su contra el 1 de septiembre de 2022, cuando un hombre gatilló un arma a centímetros de su rostro, pero el disparo no se concretó por una falla en el arma. El agresor fue imputado por intento de homicidio agravado.
A pesar de haber anunciado su candidatura a diputada por Buenos Aires, Kirchner se mostró desafiante: “Si estoy tan acabada, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente? Dale, mirá cómo tiemblo”.
Durante un reciente encuentro del peronismo, se autodefinió como “una fusilada que vive” y denunció corrupción en el gobierno de Mauricio Macri. Afirmó que su eventual encarcelamiento sería “un certificado de dignidad”.
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