La Corte Suprema de Estados Unidos avaló esta semana la constitucionalidad de la ley de Tennessee que prohíbe a profesionales de la salud realizar procedimientos de transición de género en menores de edad. La norma incluye la restricción del uso de bloqueadores de la pubertad, terapias hormonales y cirugías, marcando un importante precedente legal a nivel nacional.
Con una votación de 6-3, el máximo tribunal resolvió que la ley no viola la Cláusula de Igual Protección de la Enmienda Catorce, respondiendo así a una demanda presentada por tres adolescentes transgénero, sus padres y una médica de Memphis. El Departamento de Justicia del gobierno de Biden había respaldado la impugnación, argumentando que la norma discrimina al negar tratamientos permitidos para otros diagnósticos médicos.
El presidente del tribunal, John Roberts, señaló en la opinión mayoritaria que la Corte no está llamada a evaluar la sabiduría o justicia de la ley, sino a garantizar que esta se mantenga dentro de los límites constitucionales. Subrayó que decisiones médicas de este tipo deben recaer en el pueblo y sus representantes, no en jueces federales.
En una opinión concurrente, el juez Clarence Thomas defendió la autoridad de los estados para proteger a los menores de lo que calificó como procedimientos "irreversibles y experimentales", citando preocupaciones sobre la rapidez con la que muchos jóvenes están accediendo a estas intervenciones y los testimonios de quienes se arrepienten.
En disenso, la jueza Sonia Sotomayor advirtió que el fallo “autoriza, sin pensarlo dos veces, un daño incalculable a los niños transgénero”, reflejando la división ideológica tanto dentro del tribunal como en la sociedad estadounidense.
El fallo refuerza leyes similares en al menos 26 estados —en su mayoría con gobiernos republicanos— que han aprobado restricciones o prohibiciones al acceso de menores a tratamientos de transición. Expertos legales consideran que, tras esta decisión, dichas normas estatales se consolidan y quedarán fuera del alcance de futuras impugnaciones constitucionales.
La decisión se enmarca en un contexto político polarizado. La administración Trump ya había impulsado normas que limitan los procedimientos trans bajo programas federales como Medicaid y Medicare, y ha definido el sexo biológico como exclusivamente masculino o femenino en la normativa federal.
Grupos cristianos y conservadores celebraron el fallo como una victoria en la defensa de la niñez y de la autoridad parental. Matt Sharp, de Alliance Defending Freedom, destacó que la Corte “consideró la ciencia”, citando estudios de EE.UU. e Inglaterra que señalan riesgos en estos tratamientos. Mat Staver, de Liberty Counsel, afirmó: “No existe el derecho de someter a los niños a cirugías médicas mutilantes”.
Mientras tanto, organizaciones de derechos civiles y grupos LGBT han condenado la sentencia como un retroceso en la protección de los jóvenes trans, alertando sobre las implicaciones emocionales y médicas para esta población.
El debate nacional sigue abierto, pero la Corte Suprema ha dejado claro que, por el momento, la regulación de estos procedimientos recaerá en los estados y sus legisladores. Para muchos, el fallo representa una reafirmación del principio de cautela en intervenciones médicas irreversibles durante la infancia.
0 Comments